Se
entiende por corrupción
la
acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios
públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del
mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían
servir y beneficiar.
No
obstante, la corrupción política ha sido una constante desde la
aprobación de la Constitución
española de 1978 hasta
nuestros días, pervirtiéndose el sistema democrático y
debilitándose la confianza de la Sociedad en sus representantes
públicos.
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales.
Para
los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente
oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa.
Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años
mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más
parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a
los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de
pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en
particular a España, de las democracias libres de corrupción?
Una
primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la
corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un
argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que,
sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos. Como
un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad
parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países
desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la
desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de
corrupción.
Una
segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho
arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor
proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión
legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un
informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en
España sería "la falta de regulación", que "permite
un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección
del interés público".
Sorprende
comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus
equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con
detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna
presentación de powerpoint
señalando
que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad",
dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre
cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como
la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la
corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en
una regulación insuficiente, sino en la politización de las
instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la
corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos
que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste
entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción
es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000
habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas
cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En
España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar
multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de
agencias y fundaciones con plena discreción en política de
personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos
de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las
elecciones.
Esto
genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los
empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la
incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a
aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los
empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a
diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental,
donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto
a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier
sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de
una política pública está en manos de personas que comparten un
objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con
más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho
más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos
de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean
también más elevadas.
Es
importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no
es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de
mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos
seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en
propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La
evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una
administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción.
Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008,
Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial
para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la
actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier
trabajador del sector privado.
¿Podemos
aspirar en España a unas administraciones más flexibles y
eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para
ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos
visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos
políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la
administración pública, han fomentado instituciones que permiten
una alta politización de la administración y, por tanto, generan
corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de
funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de
empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las
ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez
administrativa son los ciudadanos.
Víctor
Lapuente Giné es
profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute
de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
PREGUNTAS:
1.
¿Por qué crees tú que hay tanta corrupción en España?
2.
¿Por qué es malo que haya corrupción?
3.
¿Qué necesita un país para no evitar que aparezcan casos de
corrupción?
4.
¿Crees que se puede arreglar el problema de España de la
corrupción?
5.
¿Solo los políticos son corruptos?
6.
¿Los funcionarios deberían ser tratados como trabajadores de una
empresa privada?
7.
¿Qué significa politizar?
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